Desde hace varios meses la comunicadora Nuria Piera y otras periodistas que se dedican al llamado “periodismo investigativo”, han venido presentando a través sus programas, varias denuncias sobre la comisión de supuestos actos de corrupción en instituciones del gobierno, las cuales involucran a los funcionarios que se encuentran al frente de las mismas.
El caso más reciente fue presentado el pasado sábado 27 de junio, por la comunicadora Piera, y tiene que ver con lo que ella denomina como “Cosas Feas” en la CDEEE; que implican a su vicepresidente ejecutivo, ingeniero Radhamés Segura, en una cadena de escándalos como el abultamiento de la nómina de la entidad, el nombramiento de familiares y asesores con altos salarios, donaciones a fundaciones, a iglesias, a congresistas y a dirigentes de partidos de oposición.
Ya en ocasiones anteriores la misma Nuria había presentado denuncias sobre la comisión de irregularidades en la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (Ottt), y en el Programa de Reducción de Apagones (PRA), las cuales dieron al traste con la destitución de los incumbentes de las dos entidades, licenciado, Franklin Beltre y el Reverendo Marcos Lara. En ese mismo tenor la comunicadora Alicia Ortega ha presentado en su programa varias denuncias de irregularidades cometidas en el Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI), de las que responsabiliza a su Director Ejecutivo, ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel.
Independientemente de la veracidad de los hechos denunciados, lo cierto es que ellos ponen en evidencia el desorden imperante en la Administración Pública, por la inexistencia de una normativa que regule los puestos y los salarios de los empleados y funcionarios de entidades del gobierno, lo que ha dado lugar a que quienes las dirigen se consideren con las manos sueltas para crear cargos y asignar sueldos de acuerdo a sus caprichos e intereses.
Recientemente, el presidente de la república se refirió a lo que denominó como falta de institucionalidad y disciplina en la administración pública. Si queremos detener ese desorden que se traduce en clientelismo, corrupción y uso de los fondos públicos para la proyección personal de los incumbentes de las instituciones, se precisa ya de establecer un reglamento que regule el accionar de las instituciones y sus funcionarios, el cual entre otras cosas tiene que fijar los sueldos de todos los empleados de la administración pública y establecer en que deben ser invertidos los recursos asignados a las instituciones, para evitar que los mismos sean desviados a responder a los caprichos que los jefes le venga en gana. Sólo así se puede detener las acciones de un grupo de desalmados que actúa como si los recursos del Estado formaran parte de su patrimonio personal.
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