sábado, 20 de junio de 2009

Contra poder

La medida cautelar que suspende los trabajos de instalación de una cementera en Gonzalo, provincia de Monte Plata, dictada por la jueza Sara Henríquez Marín, presidenta del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, constituye una victoria para los grupos defensores del Medio Ambiente que durante los últimos días han rechazado con determinación y pasión la instalación de la planta, por considerar que la misma constituye una estocada mortal al área protegida de de la zona de Los Haitices.

La sentencia dispone la suspensión provisional de la licencia y paralización de los trabajos que lleva a cabo el Consorcio Marino Dominicano S.A., amparados en un permiso otorgado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. La decisión de la jueza responde a una petición del Movimiento de Campesinos Trabajadores Unidos de las Comunidades Unidas y el Espeolo-grupo de Santo Domingo, los cuales incoaron la demanda por ante el referido tribunal.


Aunque la sentencia no toca el fondo del asunto, el cual deberá ser resuelto por un recurso por ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Tomando en consideración el amplio rechazo que generado en amplios sectores del país , instalación de la referida planta en esa sensible zona, las autoridades deberían aprovechar la oportunidad para dejar sin efecto el levantamiento de la obra en esa zona, y desplazar el proyecto a otro lugar.


Rectificar es de Sabios, y “poner el oído en el corazón del pueblo”, no debe ser un slogan coyuntural

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