Lic. Danilo Medina ante a la
Asamblea Nacional en el 169 aniversario de la Independencia Nacional.
Honorable Señor Presidente de
la Asamblea Nacional,
Dr. Reinaldo Pared
Pérez;
Honorable Señora
Vicepresidenta de la República,
Dra. Margarita Cedeño de
Fernández;
Honorable Señora Primera
Dama,
Licda. Cándida Montilla de
Medina;
Honorable Señor Presidente de
la Suprema Corte de Justicia,
Dr. Mariano Germán
Mejía;
Honorable Señor Presidente del
Tribunal Constitucional,
Dr. Milton Ray Guevara;
Honorable Señor Presidente del
Tribunal Superior Electoral,
Dr. Mariano Rodríguez;
Honorable Señor Presidente de
la Cámara de Diputados,
Lic. Abel Martínez
Durán;
Honorable Señor Presidente de
la Junta Central Electoral,
Dr. Roberto Rosario Márquez;
Honorable Señora Presidenta de
la Cámara de Cuentas,
Dra. Licelott Marte de
Barrios;
Su Excelencia Reverendísima,
Monseñor Józef Wesolowski,
Nuncio Apostólico de Su
Santidad Benedicto XVI y Decano del Cuerpo Diplomático acreditado en la
República Dominicana;
Señores Ministros;
Honorables Miembros del Cuerpo
Diplomático y Consular y de los Organismos Internacionales acreditados ante el
Gobierno de la República Dominicana;
Honorables Miembros de la
Asamblea Nacional;
Autoridades Civiles y
Militares;
Invitados
Especiales;
Señoras y Señores;
Pueblo dominicano:
Tengo el honor de presentarme,
ante esta honorable Asamblea y ante el pueblo dominicano, en ocasión de la
celebración del día de nuestra independencia patria, para realizar mi primera
rendición de cuentas como Presidente de la República Dominicana.
Esta es una ocasión solemne
que me honra especialmente realizar este año, en que celebramos el bicentenario
del nacimiento de Juan Pablo Duarte, libertador de nuestra tierra, ejemplo e
inspiración de todos los dominicanos.
Además, mi honor es doble,
porque hoy exactamente, a esta misma hora, en 1963 asumió el poder el Profesor
Juan Bosch mi mentor, maestro y líder. Por lo que, hoy, también celebramos el
50 aniversario del primer presidente libremente elegido, después de la
dictadura, por el pueblo dominicano.
Un hombre que con su ejemplo,
conducta y carácter se convirtió en el paradigma moral de la historia
contemporánea de nuestro país.
El amor a la patria, inspirado
por Duarte y cultivado junto al profesor Juan Bosch, es la energía incansable
que, incluso en los momentos más difíciles, me impulsa a seguir trabajando y luchando
siempre por nuestra gente. Ahora, desde la Presidencia de la República, tengo
el honor y la satisfacción de poder servir a este país que siento en mi
corazón.
Y las acciones que realizamos
cada día, pueden estar seguros, no son otra cosa que el fruto de mi compromiso
con el país.
Señores
legisladores,
Hoy, tras haber depositado las
memorias de labores de todas las instituciones del Estado correspondientes al
año 2012, estoy de nuevo ante ustedes y ante nuestro pueblo para rendir cuentas
sobre los avances alcanzados y compartir con mis conciudadanos algunas de las
tareas y propósitos que hemos emprendido desde el 16 de agosto pasado.
Aun nos queda mucho camino por
recorrer juntos, pues ningún programa de gobierno se completa en 6 meses. Pero
ya puedo hablarles de un gran número de acciones que se han realizado, de otras
que están en marcha y de algunas que no han comenzado, pero ya tienen fecha de
inicio y pronto se harán realidad.
Amigos y amigas,
El rumbo que nos trazamos
desde el principio es claro y no ha cambiado. Las personas, el pueblo dominicano,
son el centro de todas las políticas. Partiendo de ese rumbo claro, pusimos
como primera prioridad de nuestro trabajo la lucha contra la pobreza y la
desigualdad. Esa es nuestra meta inmediata más importante y la condición
sin la cual todas las demás políticas y proyectos no tendrán sentido.
Veamos ahora en qué se ha
traducido esa intención de que las personas sean el centro de todas las
políticas.
En primer lugar, se ha
traducido en presupuesto, en asignación de recursos. Hemos diseñado un presupuesto
anual en línea con las metas del programa de gobierno, que se traducirá en
mejores servicios y atención a las personas. Dicho de otra forma, estamos
invirtiendo en nuestra gente como nunca antes.
Eso tiene amplias
implicaciones, algunas de ellas las conoce muy bien el pueblo
dominicano.
Significa, en primer lugar,
que hemos cumplido el compromiso de asignar al menos el 4% del PIB para la
educación preuniversitaria y elevar la asignación para la educación superior. Y
con ello se persiguen dos fines al mismo tiempo: cumplir lo que manda la ley,
que es el más sagrado deber de todo gobernante, y empezar a enderezar el rumbo
de nuestra educación, tan mal calificada por las evaluaciones
internacionales.
Hoy, puedo decir con orgullo y
satisfacción que la vieja aspiración de la sociedad dominicana, de que se
asigne el 4% del PIB a formar a sus hijos, es una realidad. Y quiero aprovechar
esta ocasión para felicitar a nuestro pueblo por este logro, que nos pertenece
a todos.
Ahora estamos concentrando
nuestro empeño en asegurar que esos mayores recursos se usen para tener
impactos tangibles sobre la calidad, equidad y cobertura de nuestro
sistema educativo y evitar que sean absorbidos por la ineficiencia o cualquier
práctica incorrecta.
Estamos ante una oportunidad
pocas veces vista en nuestra historia para impulsar una verdadera
transformación del sistema educativo.
Parte de esa transformación es
también la puesta en marcha del más ambicioso Plan nacional de alfabetización
de nuestra historia: “Quisqueya Aprende Contigo”. Un esfuerzo de todo el país
que hará posible que más de 850 mil jóvenes y adultos tengan la oportunidad, en
los próximos dos años, de integrarse al sistema educativo y hacer realidad su
derecho a la educación.
El pasado 16 de agosto les
prometí que el plan se iniciaría el 7 de enero. Hoy, 40 días más tarde, hay 100
mil personas que acuden a sus núcleos de aprendizaje, en todo el territorio
nacional, y alrededor de 7 mil alfabetizadores voluntarios los orientan en su
formación. Al concluir el año habremos logrado incorporar al menos medio millón
de personas analfabetas, con más de 30 mil alfabetizadores.
Expreso mi reconocimiento a
todos los entes gubernamentales, los senadores, diputados, autoridades
municipales, universitarios, dirigentes de organizaciones de la sociedad,
autoridades religiosas, a la cooperación internacional y a todos quienes con su
esfuerzo están haciendo realidad esta hermosa gesta nacional.
Pocas veces hemos vivido una
iniciativa tan plural y unitaria. Estamos mostrando que juntos podemos lograr
metas que parecían imposibles. Exhorto a nuestra juventud a continuar
incorporándose como voluntarios.
Invito a todos los jóvenes o
adultos no alfabetizados a dar un paso adelante, a aprovechar esta oportunidad
única para una vida mejor para su familia y su comunidad. Ustedes son los
verdaderos héroes, y así los reconoce la sociedad.
Todos, unidos, vamos tejiendo
las redes de solidaridad que cubren cada rincón de nuestra patria. Ahora es la
oportunidad. Que ninguna persona se quede sin aprovecharla.
Quiero anunciar también que,
en pocos días, presentaremos al país otro importante Plan Nacional, esta vez
destinado a proteger nuestro bien más preciado: nuestros niños y niñas.
Vamos a ampliar
considerablemente la cobertura y protección de la infancia de cero a 5 años,
para acompañar y apoyar a las familias en el desarrollo de sus hijos durante
esa etapa crucial de la vida. Queremos asegurarles atención integral,
incluyendo protección, nutrición, salud, educación, afecto y estimulación
psicomotora, que les permitan desarrollar todas sus capacidades. Vamos a
impulsar una nueva generación de dominicanos y dominicanas.
Ellos son hoy la felicidad de
nuestros hogares y serán mañana quienes llevarán sobre sus hombros a la nueva
República Dominicana. En el presente año construiremos 100 nuevas estancias
infantiles y habilitaremos 100 Centros Comunitarios y sus redes familiares.
Al concluir el actual periodo
gubernamental, contaremos con 330 estancias infantiles y mil 100 Centros
Comunitarios con sus redes familiares, que atenderán a 426 mil familias y 528
mil niños menores de 5 años. Esto será más de 5 veces la capacidad acumulada en
toda la historia del país.
Simultáneamente ampliaremos,
en este periodo, la disponibilidad de educación pre- primaria hasta más del 90%
de los niños de 5 años de edad, lo que significa sumar casi 200 mil niños al
sistema educativo.
Con el impulso entusiasta del
despacho de la Primera Dama de la República, estamos desarrollando una red de 5
Centros de Atención Integral para niños de 0 a 10 años con discapacidades, en
diversas regiones del país. El primero de ellos ya se está construyendo e
iniciará su funcionamiento este mismo año, respondiendo así a una necesidad muy
sentida de nuestra sociedad.
Hemos comenzado a implementar
también otro de nuestro principales compromisos con la educación: me refiero a la
tanda extendida. A la fecha, más de 33 mil alumnos ya se han incorporado a ese
sistema con éxito, y nuestro objetivo es que el próximo agosto esa cifra
ascienda a 200 mil.
Para que el proyecto fuera
posible, se decidió duplicar el presupuesto destinado a alimentación escolar.
Concretamente, dicho presupuesto para este año será de casi 6 mil millones de
pesos, lo que hará posible, no solo sumar a los nuevos alumnos de la tanda
extendida que recibirán desayuno y almuerzo, sino también incrementar la calidad
de raciones alimenticias.
Esto va a permitir que cerca
de un millón y medio de niños y adolescentes del nivel inicial y básico,
reciban una alimentación en el desayuno adecuada a los estándares
internacionales, establecidos por el Programa Mundial de Alimentación de
Naciones Unidas.
Paralelamente, se puso en
marcha la construcción de 10.000 aulas y sus respectivas cocinas y comedores.
Esta iniciativa de edificaciones escolares, señoras y señores, no solo es
pionera por el número de obras que se van a realizar en un año, sino también
porque, por primera vez, la asignación se realizó mediante sorteos públicos,
abiertos y transparentes, que han beneficiado con contratos a 919 ingenieros de
toda la geografía nacional. Y a ninguno de ellos se le preguntó el color de su
partido.
Muchos de esos hombres y
mujeres nunca antes habían recibido una obra del Estado y eso ha significado un gran cambio en sus vidas.
Es importante hablar de las
cocinas y comedores, si me permiten el paréntesis, porque esas instalaciones
garantizan la salubridad de la alimentación y la dignidad de nuestros hijos, al
recibir su comida en lugares bien acondicionados.
De la misma forma, el programa
de alimentación escolar se está esforzando en comprar los insumos a nuestros
productores y en promover la asociación y participación de las familias,
contratando mano de obra local; porque no solo es una forma de darles una dieta
saludable a nuestros niños, sino también la manera de apoyar los ingresos de
sus padres y madres.
El programa se completará en
fechas próximas con la elección del “Pupitre dominicano”. El concurso que
convocó el gobierno ha recibido ya alrededor de 480 propuestas que pronto serán
evaluadas para anunciar el ganador. Podemos decir, con mucho orgullo, que las
próximas generaciones estudiarán en un pupitre diseñado y producido por manos
dominicanas.
También, se abrieron las
puertas del colegio Comunitario Tecnológico en San Luís, obra que fue
finalizada por la administración anterior, para fortalecer la formación técnica
y profesional de la juventud.
Nuestro compromiso con la
gente se refleja, no solo en educación, sino también en forma de programas de
apoyo directo a las familias que más nos necesitan.
Por poner solo un ejemplo, en
los últimos meses 15 mil nuevas familias se integraron al programa Progresando
con Solidaridad, que dirige la Vicepresidenta de la República Dra. Margarita
Cedeño de Fernández. El programa ahora incluye también orientación permanente,
a través de visitas domiciliarias y la vinculación a servicios del Estado. De esta
forma, se acompaña a los participantes en su proceso de desarrollo durante al
menos dos años, con el objetivo de abrirles las puertas a nuevas
oportunidades.
Dominicanos y
dominicanas,
Si bien nuestro primer
compromiso es con los que menos tienen, y avanzar hacia una Quisqueya sin
Miseria, también estamos fortaleciendo a la clase media, clave para mejorar la
calidad de vida, garantizar la expansión del mercado interno y la estabilidad
política y social.
Sabemos que una parte
importante de nuestras clases medias mantienen un equilibrio precario entre sus
ingresos y sus gastos. Contribuyen, significativamente, con el pago de sus
impuestos y, sin embargo, tradicionalmente, no han tenido acceso a servicios
públicos de calidad y han debido cargarlos a su presupuesto familiar.
En definitiva, se han visto
obligados a buscar soluciones individuales a necesidades que deberían ser
cubiertas por el sistema público.
Para darles respuesta, hemos
comenzado por elevar la eficacia del gasto público y garantizar que hasta el
último centavo del dinero público se destinará a satisfacer las necesidades de
la gente y a ofrecer servicios públicos de calidad, que alivien la carga que
actualmente soportan las familias de clase media.
Lo más importante es
garantizar a los ciudadanos que el Estado está para servirles. Estamos
iniciando un nuevo esquema de gestión de las finanzas públicas, con la
seguridad de que vamos a evitar gastos innecesarios e irracionales. Todo esto
es fundamental para hacer que los dominicanos y dominicanas se sientan
identificados con su Estado, que lo perciban como algo suyo, porque contribuye
a satisfacer sus necesidades.
En definitiva, es nuestra
forma de dar ejemplo y mostrar con resultados que financiar al Estado no es
botar el dinero.
La salud pública es otro buen
ejemplo de esa mejora en los servicios que hemos comenzado y que vamos a seguir
profundizando.
Quiero compartirles un solo
dato que resume los resultados del complejo trabajo de reestructuración de la
atención primaria y especializada que está realizando el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social: En estos seis meses hemos duplicado el total de
servicios prestados a la población a través de la red pública de salud.
En el presente año pondremos
en funcionamiento 70 nuevas Unidades de Atención Primaria y 19 Centros de
Diagnóstico del primer nivel, con una inversión de alrededor de 200 millones de
pesos.
Estamos en proceso de remodelar
y ampliar, con más de 300 camas, la Ciudad Sanitaria Luís Eduardo Aybar, antes
conocida como hospital Morgan, para materno infantil, para quemados e
internamiento general.
En la Ciudad de la Salud, en
Villa Mella, obra que fue concluida por la administración anterior, este año
abriremos 150 camas pediátricas, 150 camas de maternidad y 150 de hospital
general, además de inaugurar el nuevo hospital Oncológico en el Distrito
Nacional, que también fue concluido por la administración anterior.
Por otra parte, abriremos este
año los pequeños hospitales de Partido en Dajabón, Baytoa y Hato del Yaque en
Santiago, y el de Salinas en Barahona. Junto a estos, estamos invirtiendo en el
mejoramiento de la planta física y equipamiento de 16 hospitales adicionales.
Nuestro compromiso con la
reducción de la mortalidad materna e infantil también se ha plasmado en
acciones concretas: Intensificamos los servicios de urgencias obstétricas en
los hospitales priorizados y se puso en funcionamiento una nueva unidad de
perinatología en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, así como salas
de cirugía pediátrica en diferentes centros.
Nuestra meta es que no muera
una madre, ni un solo infante, por falta de atención adecuada.
Por otra parte, hemos
eliminado los cobros a los pacientes en 36 hospitales y, antes del final de
este año, se eliminarán en la gran mayoría de los centros de salud del país. El
Estado ha dispuesto la asignación de 400 millones de pesos para suplir lo que antes
se cubría con esa cuota.
Actualmente se está diseñando
el Fondo para Enfermedades de Alto Costo, o enfermedades catastróficas, que
entrará en vigor este año. Así, vamos a reducir el impacto negativo de los
costos sanitarios en el presupuesto de las familias pobres y de clase media. Ya
se le han asignado 500 millones de pesos, los cuales serán progresivamente
ampliados, al tiempo que se desarrollan los mecanismos para asegurar su
correcta administración y gestión, mediante una coordinación entre el Ministerio
de Salud y SENASA.
Junto a estas medidas, la
centralización de compras de medicamentos a través de PROMESE/CAL, contribuye a
una mayor transparencia y a que el acceso a la salud no sea un lujo, sino cada
vez más un derecho de nuestro pueblo.
Además, hemos avanzado en
nuestro compromiso de tener, al menos, una Farmacia del Pueblo en cada
municipio del país. A la fecha ya se han abierto 18 nuevas farmacias y
está previsto que este año abran sus puertas las 52 restantes para completar
esta promesa.
Simultáneamente, reitero el
compromiso de nuestro Gobierno para lograr que el Seguro Familiar de Salud
ofrezca los mejores estándares de calidad y atención sanitaria a la población.
De esta forma, contribuimos efectivamente a reducir la pesada carga de las
atenciones de salud en el presupuesto familiar.
Reitero, así mismo, nuestro
compromiso de incluir a 1 millón 300 mil dominicanos más en el régimen
subsidiado del Seguro Familiar de Salud en el presente periodo y, en
consonancia con esa decisión, este año aumentamos su presupuesto en más de 23%,
para acercarnos progresivamente a nuestra meta.
Señores legisladores,
Invitados especiales,
Les dije que gobernaría para
todos y todas, sin distinción de colores partidarios, y así lo estoy haciendo.
Prueba de ello es el Plan
Nacional de Asfaltado que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas desde
nuestro primer día de gestión, en coordinación con todos los municipios y
distritos municipales del país, independientemente del partido que los dirija.
Con todos ellos, el Ministerio
se ha reunido para escuchar sus necesidades de asfaltado y facilitarles
material, combustible e incluso maquinaria y mano de obra cuando la precisan,
para asfaltar sus calles.
En todo el país estamos viendo
como avanza esa labor y ya se han rehabilitado 230 kilómetros de carreteras,
calles y avenidas. Además, el Ministerio está interviniendo en cerca de 1.500
kilómetros de carreteras y caminos en todo el territorio Nacional.
Como saben, la construcción de
viviendas populares es otra iniciativa que impulsamos desde el primer día de
gestión, con el objetivo de garantizar un hogar digno a nuestras familias. En
este sector, nuestro trabajo se encamina en dos direcciones: por un lado,
atendiendo los requerimientos de las comunidades que habitan en zonas de mayor
riesgo. Y por otro, trabajando de la mano con el sector privado para hacer
posible el acceso al crédito y la construcción masiva de viviendas para las
clases populares y medias.
En lo que se refiere a las
zonas de riesgo, en estos meses hemos iniciado las gestiones para dar respuesta
a este drama en dos de las zonas que más han sufrido históricamente los efectos
de los fenómenos naturales. Me refiero a La comunidad de la Barquita y al área
del lago Enriquillo.
Del saneamiento del Lago se va
a beneficiar toda la región y, como parte del plan, está previsto que se
reubique a 560 familias. Además, el INDRHI tiene varios proyectos en marcha en
la zona, a fin de controlar los flujos de agua proveniente del río Yaque del
Sur y conducirlos hacia el Mar Caribe. A su vez, las obras conexas en la
cuenca baja de la zona del Sur impedirán que las aguas del lago crezcan e
inunden las comunidades.
Por su parte, la Comisión para
la Readecuación de La Barquita ya está trabajando en la zona. Fueron
finalizados los estudios hidrológicos y de suelo, así como el censo de los
pobladores y sus viviendas. En breve plazo se llamará a una licitación para el
diseño del proyecto y, posteriormente, se contratarán, mediante concursos
públicos y competitivos las obras de infraestructura.
Paralelamente, el Instituto
Nacional de la Vivienda mantiene el proceso de construcción de proyectos
integrales de viviendas de interés social y, desde agosto pasado hasta ahora,
ha terminado mil ocho unidades habitacionales, que fueron prácticamente
concluidas en la administración anterior, distribuidas en 12 municipios y 10
provincias del país. Actualmente, se encuentra en proceso de licitación pública
internacional la construcción de otras 800 viviendas adicionales, con
financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y el Estado Dominicano.
En lo que se refiere a
impulsar proyectos público-privados, la Comisión Presidencial para el
Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso estará lista en los próximos
45 días para llamar a licitación pública y contratar el diseño del proyecto
Ciudad Juan Bosch, que contempla la construcción de 35.000 viviendas en los
próximos 7 años.
Para la ejecución del
proyecto, el Estado aportará a un fideicomiso cerca de 3 millones de metros
cuadrados de terreno.
Por su parte, el sector
privado, aportando sus propios recursos, financiamiento de la banca y emisiones
públicas que puedan ser adquiridas por los fondos de pensiones, se encargará de
la construcción.
Señoras y señores,
Por supuesto, no puedo seguir
hablándoles de cuidar de la gente sin referirme a la seguridad
ciudadana.
Conozco y comparto, desde lo
más profundo de mi corazón, el dolor y la preocupación de muchas familias que han
sido víctimas de la violencia y la delincuencia en nuestras calles.
Créanme si les digo que no
pasa un día sin que trabajemos para mejorar esta situación.
Hemos designado una comisión
conformada por los Ministros de Interior y Policía, Presidencia de la
República, Procurador General de la República y el Jefe de la Policía, para que
trabajen en la presentación de un plan de seguridad ciudadana.
Sin embargo, por su
importancia y complejidad, este es un asunto que debe ser tratado con total
responsabilidad y en el que no hay espacio para la improvisación.
Nuestro país ya ha pasado por
diferentes experiencias que no han dado los resultados esperados.
Teniendo esto en cuenta, los
equipos de trabajo han tenido que realizar una evaluación profunda de muchas
variables hasta llegar a una propuesta consensuada, sólida y que dé respuesta a
las necesidades reales del país.
Hoy quiero anunciarles que ese
proceso culminó y que en la segunda semana de marzo le estaremos presentando a
la población el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Una iniciativa integral, que
deseamos se convierta en política de Estado y que está diseñada para atacar de
forma simultánea la delincuencia y sus causas profundas.
También quiero anunciarles,
particularmente a los habitantes de la ciudad de Santo Domingo, que a partir
del día 30 del próximo mes de marzo, pondremos en operación la Segunda Línea
del Metro, en su primera etapa. Las inversiones finales se están realizando,
pues mal haríamos en desaprovechar un esfuerzo de tal magnitud.
Ahora quiero referirme
también, a una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, que está
reverdeciendo nuestro país. Solo en lo que va de gestión, se han plantado en el
país 5 millones 885 mil 998 plantas. Es decir, casi seis millones de nuevos
árboles se sumarán a nuestros bosques, priorizando las cuencas de los ríos Yuna
y Yaque del Sur, por su importancia para la producción agrícola, energética y
de agua para el consumo humano.
Además, en estos seis meses se
ha dotado de centros de protección y vigilancia a 5 parques nacionales
adicionales, y para el final de 2013 está prevista la finalización de 12 nuevos
Centros, para igual número de Áreas Protegidas.
Distinguidos
asambleístas,
Les prometí un diálogo
permanente con el pueblo.
Les dije que regresaría a los
lugares que visité durante la campaña para cumplir con la palabra empeñada y
que gobernaría siempre con el oído en el corazón del pueblo.
Ese es el objetivo principal
de las visitas que realizo cada fin de semana a diferentes puntos del país.
Mantener un diálogo permanente y de tú a tú con el pueblo dominicano. Escuchar
y dar respuesta a las demandas reales que me plantean. Esa es la razón de ser
del mandato Presidencial. Esa es para mí la verdadera política, la que crece de
abajo a arriba, como el fruto de nuestra tierra.
Y en cada una de esas visitas,
tengo siempre presente en mi mente uno de los compromisos más importantes que
he realizado: la creación de 400.000 nuevos puestos de trabajo dignos.
En esos encuentros semanales
estamos abriendo puertas al empleo. Estamos identificando, en cada región y en
cada pueblo, las necesidades de nuestra gente, pero también las oportunidades y
los proyectos empresariales y de economía solidaria que solo necesitan un poco
de apoyo para salir adelante. Quiero compartirles que cada una de esas visitas
renueva mi esperanza y mi fe en este país.
Hablo con las mujeres de la
cooperativa la Estrella en Bayaguana, con los productores de plátano y sorgo de
Pedernales, con los de jengibre, de dulce, de bambú, con los empresarios del
sector turístico y pienso: Esa es la Patria a la que deseamos servir.
¡Cuánto entusiasmo y energía
muestran por sus proyectos, que lo único que requieren es la mano amiga de un
Estado que se preocupe por ellos! Esa es la República Dominicana que debemos
apoyar para seguir creciendo, para hacer realidad nuestro sueño de un mejor país.
Y ya hemos dado grandes pasos,
pueden estar seguros.
Fruto de esos encuentros y de
la labor del Banco Agrícola en todo el territorio nacional, el crédito
agropecuario se ha reactivado y, con él, la siembra en nuestros campos.
Les daré un ejemplo: Sólo con
las visitas al Bajo Yuna y a las provincias de Hato Mayor, Monte Plata y El
Seibo se movilizaron créditos que van a beneficiar a más de mil 500 productores
y sus familias,
Somos conscientes de que el
financiamiento al sector agropecuario es clave para el desarrollo, por eso es y
será siempre una de nuestras prioridades fundamentales.
Entre agosto de 2012 y
mediados de febrero, el Banco Agrícola otorgó 12 mil 334 préstamos, por un
monto total de más de 4 mil 300 millones de pesos, que están favoreciendo a 16
mil productores. La meta para el final de este año es que el crédito se
incremente en un 35%.
Además, la tasa de interés ha
bajado 6 puntos porcentuales, estamos adaptando los plazos a las necesidades de
cada proyecto y los trámites son más ágiles, para no dejar sin financiamiento a
ningún productor que lo necesite.
Por otra parte, la
renegociación de la deuda con miles de campesinos, les permitirá retomar la
actividad productiva sin verse ahogados por los préstamos. Este esfuerzo se
traduce ya en la producción de más de 600 mil tareas de tierras agrícolas y
ganaderas, además del desarrollo de otras iniciativas, como la avicultura,
apicultura e incluso la agroindustria.
Detrás de estos números está
la gente.
Están, por ejemplo, los
productores de mango de Baní, los de cacao de Hato Mayor, Monte Plata y el
Seibo, Gaspar Hernández, los de cebolla de Vallejuelo, los de banano de Azua y
muchos más que vamos conociendo en cada visita. Estamos hablando de miles de
hombres y mujeres que ahora pueden generar empleo e ingresos a sus familias.
Es una auténtica revolución
productiva en nuestros campos, que está ocurriendo en un tiempo
récord.
Estamos empeñados en reducir
las desigualdades entre el campo y la ciudad, que expulsan a nuestros
trabajadores forzándolos a migrar a las ciudades. Por eso impulsamos una
política de desarrollo integral, que nos permita generar empleo, ingresos y
oportunidades en el campo y terminar, así, con la pobreza rural.
El Ministerio de Agricultura
está apoyando todos los procesos con diferentes iniciativas y muchas de ellas
ya están teniendo un impacto importante, como la preparación de tierras para
cultivos de ciclo corto, la distribución de fertilizantes, cepas, plantas in
vitro y semillas, el control de plagas, la vacunación contra enfermedades del
ganado y la construcción de más de 700 huertos comunitarios.
Por otra parte, además, de la
mejora de los caminos rurales que ya mencioné, estamos contribuyendo a reducir
el impacto de las sequías con la perforación de 320 pozos tubulares y la
construcción de más de 52 lagunas en las zonas ganaderas del país.
Es importante recordar que
esta fuerte dinamización del campo tiene también un notable impacto en el
empleo temporal.
Miles de personas se ocupan,
por ejemplo, de la reparación de caminos y canales, transporte y distribución
de materiales, control de plagas, labores de poda, fertilización, aplicación de
pesticidas, etc.
Paralelamente, para facilitar
el comercio de nuestros productos a precios ventajosos, tanto para los
productores como para la población, estamos creando una red de mercados que
ofrece servicios de logística según estándares internacionales. Estamos
poniendo en marcha el Merca Santo Domingo, que es una obra que dejó finalizada
la administración pasada, y pronto iniciaremos la construcción del Merca Cibao
en Santiago, así como una red de nuevos mercados minoristas y un matadero
regional en el Este.
Quiero mencionar también el
proyecto de reconversión de la agricultura en el Valle de San Juan,
recientemente anunciado. Esta iniciativa nos permitirá evolucionar de los
cultivos tradicionales de escaso valor hacia una agricultura mucho más rentable
y competitiva.
Nuestro objetivo último es
incrementar la producción de los rubros más importantes de la canasta básica
familiar, y garantizar así la soberanía alimentaria del país, además de
fomentar la exportación. En concreto, este año se espera una cosecha de 10.6 millones
de quintales de arroz, 962 mil quintales de maíz, mas de 500 mil quintales de
leguminosas, 6 millones de quintales de raíces y tubérculos, y casi 9 millones
de quintales de hortalizas.
Por su parte, al Fondo
Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se le asignó una partida
extraordinaria de 125 millones de pesos para el último cuatrimestre del 2012, y
este año cuenta con mil millones de pesos, lo que le ha permitido multiplicar
su labor en las comunidades.
Ya ha llevado a más de 80.000
familias recursos para la producción de alimentos y construcción de pequeñas
obras de infraestructura productiva, como invernaderos, apiarios, granjas de
aves, estanques piscícolas, etc.
De esta forma incorporamos a
miles de familias de bajos recursos a la actividad productiva y al
progreso.
De la misma forma, tanto el
Ministerio de Obras Públicas como el INDRHI y los organismos de agua potable
trabajan sin descanso en la recuperación de más de 3 mil kilómetros de zonas de
riego, y en la mejora del servicio de agua, como parte de un esfuerzo
colectivo, para elevar las condiciones de vida en las zonas rurales.
El INDRHI tiene obras en
ejecución para este año por valor de más de 5 mil millones de pesos. Mientras
que La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD),
ejecutará alrededor de mil quinientos millones más.
Solo en los últimos seis
meses, la corporación ha logrado incrementar el volumen de agua que diariamente
recibe la población en 47 millones de galones, logrando beneficiar a casi 600
mil habitantes. En adición ha terminado 27 proyectos más, que han mejorado el
servicio de agua potable para 1 millón 600 mil personas del Gran Santo
Domingo.
Señoras y señores,
No puedo hablarles del
desarrollo del campo sin referirme a un asunto fundamental: La propiedad de la
tierra. Sabemos que ese derecho a la propiedad es el primer paso para alentar
la producción.
Tenemos el firme compromiso de
titular, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del
Estado, alrededor de 7 mil predios urbanos y rurales antes de que finalice el
primer semestre de este año. Además, vamos a entregar alrededor de 15 mil
títulos adicionales al final de segundo semestre de 2013, es decir,
finalizaremos el año con 20 mil nuevos inmuebles titulados.
Esto permitirá a miles de
familias poner fin a años de incertidumbre, acceder a créditos y cultivar con
entusiasmo la tierra que les pertenece. La meta para los próximos 4 años es
titular más de 150 mil inmuebles entre terrenos agropecuarios y viviendas
sociales.
Sin embargo, no es este un
esfuerzo que pueda realizar el gobierno en solitario. Por eso, quisiera hacer
un llamado especial al Poder Judicial dominicano. Para que aunemos esfuerzos y
trabajemos juntos en el fortalecimiento de los órganos de gestión de la
Jurisdicción Inmobiliaria y la simplificación de los procesos de titulación.
Así, lograremos alcanzar con éxito nuestras metas y garantizar la seguridad
jurídica inmobiliaria en la República Dominicana.
Señoras y Señores
De esta forma, con todas estas
medidas estamos, poco a poco, cambiando el rostro del campo
dominicano.
Y en paralelo con el
desarrollo rural hemos seguido impulsando la locomotora de nuestro
crecimiento:
Me refiero al sector
turístico.
En 2012, y a pesar de
las condiciones económicas adversas, nuestro sector turístico registró un
crecimiento de casi 6% en el número de visitantes no residentes, lo que se
tradujo en ingresos en divisas por más de 4 mil 500 millones de dólares.
En los últimos 6 meses he
visitado unos 10 proyectos turísticos nuevos o que se han relanzado en el país.
Eso da muestra de la buena salud de nuestro sector, además de la confianza de
los inversionistas.
Desde el gobierno estamos
impulsando también proyectos para reactivar el sector, como el relanzamiento de
la ciudad colonial de Santo Domingo y las ciudades de Puerto Plata y Samaná.
También estamos apostando con
fuerza al turismo de cruceros. Como resultado de los trabajos que se realizan,
durante este año una importante línea iniciará operaciones de Puerto Base,
tocando a La Romana y Santo Domingo y otra línea más reiniciará, en las mismas
condiciones, operaciones que había suspendido.
Esto implica la apertura de
nuevas oportunidades para ofertar bienes y servicios locales, especialmente
productos alimenticios provenientes de la agropecuaria y la industria
nacionales. Para que tengamos una idea de lo que esto significa, sólo en 2012
una línea de cruceros adquirió 250 mil dólares semanales en alimentos y
productos dominicanos.
Honorables
Asambleístas,
Estoy convencido de que una
clave para transformar nuestro país, para lograr crecimiento con justicia
social, para incluir a las grandes mayorías populares en el tejido económico y
fortalecer nuestra clase media, es apoyar a nuestros emprendedores.
Especialmente a las MIPYMES, que con un pequeño impulso pueden
convertirse en el sustento de una familia.
Con este propósito, a las
pocas semanas de iniciar el gobierno, se lanzó el programa más ambicioso que
jamás se haya implementado en el país en apoyo a las MIPYMES.
Con este plan perseguimos la
creación de empleo e ingresos para nuestros microempresarios mediante la
formalización, el acceso a crédito y asistencia técnica y la participación en
los programas de compras del sector público.
Estamos uniendo todos los
esfuerzos para derribar las barreras que se interponen en el crecimiento de
este importante sector.
Así, por ejemplo, hace unos
meses se inició un plan para facilitar la formalización de PYMES mediante la
creación de una ventanilla única que permite que las empresas realicen, en un
solo lugar, todos los trámites que sean necesarios para constituirse.
De la misma forma, estamos
utilizando el poder de compras del Estado para incrementar la demanda de bienes
y servicios por parte de las PYMES.
En el 2013, las compras
gubernamentales al sector están presupuestadas en aproximadamente 33 mil
millones de pesos, cifra sin precedentes que, sin duda, dinamizará notablemente
este sector.
Para apoyar a las MIPYMES el
gobierno dominicano tiene varios programas de financiamiento. La
recientemente creada “Banca Solidaria” o "Banco de los Pobres"
y el programa PROMIPYME, han aprobado y desembolsado, desde el 1 de septiembre,
préstamos por más de 800 millones de pesos. Con los que se ha beneficiado a 10
mil 200 Micro y Pequeños empresarios.
Cabe señalar que de este total
el 90% pertenecen a la nueva Banca Solidaria y solo el 10% al programa regular
de PROMIPYME. Por su parte, Banreservas ha aprobado 774 solicitudes y
desembolsado 780 millones de pesos, mientras que la Fundación Banreservas ha
aprobado 75 millones de pesos, para un total de dos mil 533 préstamos a
microempresarios.
Detrás de estas cifras hay
miles de personas, especialmente mujeres, que durante años no tuvieron acceso
al crédito y ahora, por primera vez, ven realizado su sueño de tener un pequeño
negocio, con el que puedan echar hacia adelante a sus familias. Es, por tanto,
otra herramienta fundamental para la creación de empleo y oportunidades.
Sin embargo, nuestro apoyo al
desarrollo del aparato productivo no se limita únicamente a las MIPYMES.
En abril de 2012, en el marco
del Segundo Congreso de la Industria Dominicana, nos comprometimos a favorecer
un entorno competitivo para este sector, conformado tanto por las industrias
que producen para el mercado local, como por aquellas que lo hacen en las zonas
francas para el mercado de exportación.
Cumplir con este compromiso,
no es solo un deber moral, sino también una forma de apoyar nuestro propio
proyecto de país. Porque significa crear nuevos empleos formales, incrementar
la producción de divisas y reducir las importaciones de bienes terminados, que
se producen ya en la República Dominicana.
Es por eso que hemos abierto
un espacio de diálogo permanente entre los representantes de estos sectores y
los ministerios de la Presidencia y de Industria y Comercio, fruto del cual se
han adoptado varias medidas que, desde hace meses, favorecen el acceso a
financiamiento y compras gubernamentales de las industrias
nacionales.
De la misma forma, seguiremos
apoyando la notable recuperación del sector de zonas francas, que ha vuelto a
ocupar el primer lugar en la producción de divisas, así como el encadenamiento
productivo de todas las industrias instaladas en el país, para crear un entorno
de equidad fiscal y competencia armónica, con una meta común: conquistar el
mercado internacional.
Honorables
Asambleístas,
Les hablo de crecimiento y
desarrollo y no puedo, por supuesto, pasar por alto un elemento fundamental en
ese camino: el sector eléctrico.
Este es un problema que
arrastramos desde hace varias décadas y que sufre todo el país. No existen
soluciones sencillas para abordarlo, sin embargo, nuestro gobierno está
decidido a actuar con responsabilidad y poner en marcha un plan integral para
darle una respuesta definitiva.
Tenemos la voluntad política y
esperamos contar con el apoyo y el consenso de toda la sociedad para
deshacernos, de una vez por todas, de este lastre que hasta hoy sigue frenando
el progreso en nuestro país. Como muchos saben, nuestro sector eléctrico
arrastra un déficit insostenible de más de 100 millones de dólares mensuales.
Desde la crisis de precios del
petróleo del año 2008 al 2011, el gobierno ha transferido por concepto de
subsidio al sector eléctrico un monto promedio anual superior a los mil
millones de dólares.
Esto significa que en los
últimos cinco años el sector eléctrico ha requerido más de cinco mil 500
millones de dólares. Es decir, más de 240 mil millones de pesos.
Este déficit es producto de 3
problemas fundamentales: el primero de ellos es el alto costo de generación,
debido a que más del 60% de la energía que producimos proviene de derivados del
petróleo.
El segundo problema son las
altas pérdidas de las empresas distribuidoras, producto tanto del mal estado de
las redes como del robo de energía, que se traduce en cientos de millones de
dólares no recaudados cada año.
Y en tercer lugar, arrastramos
también deficiencias en la gestión de las empresas del sector que necesitan ser
corregidas.
Es verdad que en los últimos
años se ha realizado un gran esfuerzo en el sector para reducir las pérdidas,
aumentar los cobros y optimizar la compra de energía a las generadoras. Además,
la tarifa eléctrica aumentó en dos ocasiones entre 2009 y 2011, en el marco del
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, este gran
esfuerzo se ha diluido por los altos precios de compra de energía que enfrentan
las empresas distribuidoras, muchos de los cuales están determinados por los
contratos existentes.
Teniendo en cuenta todo esto,
la estrategia integral que hemos diseñado para el sector consta de tres
pilares, que dan respuesta a cada uno de los tres retos que
enfrentamos.
En primer lugar, vamos a hacer
un esfuerzo sin precedentes para aumentar la capacidad instalada y modificar
simultáneamente la matriz de combustible degeneración. Dicho de otra forma,
vamos a producir más energía, y lo haremos a través de fuentes que nos permitan
reducir nuestra dependencia del petróleo.
De acuerdo con las proyecciones
de crecimiento económico del país, los cálculos realizados nos dicen que en el
2016 deberíamos tener instalada una capacidad efectiva de 3 mil 800 megavatios.
Eso significa que debemos instalar alrededor de mil 500 megavatios adicionales.
Considerando las actuales
tecnologías y combustibles disponibles, estas nuevas facilidades deberán
incluir plantas de ciclo combinado a gas natural, plantas a carbón, y plantas
en base a energías renovables, que demandarán inversiones por más de 3 mil
millones de dólares, solo en el sector de generación
En concreto, nuestro Plan
incluye las siguientes acciones, que reducirán el déficit del sector entre 600
y 800 millones de dólares.
Como primera medida, se dará
inicio de manera inmediata a los procesos para la contratación por parte del
Estado de la construcción de dos plantas a carbón de 300 MW cada una. Además,
vamos a concluir las negociaciones para la adquisición, y el suministro de gas
natural a precios que hagan viable la instalación de dos Ciclos Combinados de
300 megavatios a gas natural.
Simultáneamente, vamos a
facilitar la optimización de los recursos existentes, ya sean de carácter
privado o de propiedad mixta, para ampliar la capacidad instalada en al menos
600 megavatios más a gas y/o carbón.
Además, vamos a finalizar los
proyectos de pequeñas hidroeléctricas, que están en marcha. Iniciaremos en un
esfuerzo conjunto con el Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, la construcción de 19 minicentrales hidroeléctricas
comunitarias. Esto nos permitirá hacer llegar el suministro por primera vez a
más de 2 mil 100 familias de áreas montañosas del país.
El plan previsto hasta 2016
contempla la construcción de 50 minicentrales, que llevarán luz y progreso a un
total de 5 mil 500 familias de nuestras zonas más apartadas.
Paralelamente vamos a invertir
alrededor de 224 millones de dólares en proyectos de Transmisión.
Esto incluye la finalización
de líneas como Julio Sauri -Paraíso o el Cruce San Juan.
La construcción de
subestaciones en Dajao, Herrera, Arroyo Hondo, San Juan de la Maguana, Cruce abral, San Cristóbal y Hato Mayor, entre otras
El segundo gran pilar de
nuestro plan, son la medidas destinadas a reducir las pérdidas. Y aquí es
importante resaltar, que hay dos tipos de pérdidas. Por un lado, existen
pérdidas técnicas, que vamos a afrontar con la puesta en marcha de un plan de
expansión, que supondrá una inversión de 220 millones de dólares, para el cual
ya se ha identificado financiamiento con Agencias de Exportación y Organismos
Multilaterales.
Este plan, que nos permitirá
garantizar la calidad del servicio, incluye la construcción de 21 nuevas
subestaciones de distribución, y la ampliación del calibre de los conductores
de 900 kilómetros de redes de media tensión.
Sin embargo, y esto es algo en
lo que me gustaría detenerme, hay un enorme caudal de pérdidas mensuales, que
no son técnicas. Que son, digámoslo claramente, producto del hurto y de
la irresponsabilidad de los usuarios.
Y en este sentido, quiero
hacer hoy un llamado a todos los dominicanos y dominicanas. La solución al
problema eléctrico no llegará mientras no tomemos conciencia, cada uno de
nosotros, de la importancia de nuestra contribución.
Es cierto, y el gobierno así
lo asume, que hay sectores de escasos recursos, que necesitan ser subsidiados
para recibir energía. El gobierno va a continuar apoyando a esos sectores, no
les quepa duda a nadie.
Pero también es cierto que hay
otros muchos usuarios, que podrían pagar por el servicio y, sin embargo, están
haciendo un uso indebido de los recursos. Hablamos de cientos de millones de
dólares, que podrían ser invertidos en nuevas instalaciones, en mejor
tecnología y en abaratar costos, y que sin embargo, se quedan cada año en los
bolsillos de usuarios, que maliciosamente, deciden no pagar.
No podemos permitir, que esa
situación de impunidad continúe. Es necesario afrontar este asunto con
responsabilidad. Ya no sirve la excusa, de que el servicio no es bueno, y por
eso no lo pago. Desde el gobierno estamos decididos a romper esa espiral, pero
necesitamos también, que se genere un cambio de actitud, en la cultura de la
población.
Nos comprometemos, desde hoy,
a iniciar las inversiones necesarias. Vamos a mejorar el suministro, la
atención, y los costos de generación, pero también vamos a reforzar la
vigilancia, para terminar con los abusos.
La meta que nos hemos
propuesto, es llevar las pérdidas del 36% actual a un 25% al final del año
2016.
Para que se hagan una idea de
lo que perdemos anualmente, por aquellas personas que consumen energía y
no la pagan, solo esa reducción del 11% en las pérdidas, significará una
recaudación adicional de cerca de 200 millones de dólares anuales.
Las acciones que vamos a
desarrollar, se enfocan en dos frentes fundamentales: en primer lugar,
implementaremos una moderna Plataforma de Tele-medición en las
Distribuidoras, que incluirá un software de última generación, así como la
instalación de 500 mil nuevos tele-medidores y 43 mil equipos de medida
para macro-mediciones. Esto permitirá, monitorear y controlar la energía
servida a los clientes industriales, comerciales y residenciales, localizados
en los grandes centros urbanos de todo el país.
En segundo lugar,
rehabilitaremos las redes eléctricas e instalaremos 700,000 nuevos medidores a
clientes ubicados en circuitos suburbanos y municipios donde se registran los
mayores niveles de pérdidas del país. Aplicaremos soluciones técnicas y
comerciales, para reducir el fraude y ampliar la continuidad del servicio a 24
horas, apoyados en una gestión social, enfocada en educar y comprometer a las
comunidades, con el cambio de cultura del pago del servicio eléctrico.
Toda esta transformación
implicará comprometernos con un plan de inversión de cuatro años, a razón de
145 millones de dólares por año, que será agenciado, con la banca multilateral
y agencias de exportación.
Por último, el tercer pilar
del plan integral para el sector eléctrico, la mejora en la gestión de las
empresas del sector, incluye acciones en cuatro ámbitos fundamentales:
comercial, financiero, tecnológico y legal. Las reformas abarcan desde mejoras
en la recaudación y la calidad del servicio, hasta estrategias para maximizar
la capacidad de financiamiento, optimización de las estructuras tecnológicas y
creación de mecanismos legales para sancionar a quien viole la ley.
En definitiva, se trata de un
esfuerzo sin precedentes para la completa modernización del sector.
Nuestro objetivo es que al
final del periodo presidencial podamos dar por resuelto este problema de forma
definitiva y encarar una nueva etapa para el desarrollo en nuestro República.
Honorables asambleístas,
Dominicanos y
Dominicanas,
Quiero darles ahora algunas
pinceladas sobre el contexto macroeconómico que vive nuestro país y que, si
bien nos plantea importantes retos, también es motivo de optimismo para nuestro
gobierno.
A pesar de las dificultades
originadas en el entorno internacional, nuestro país cerró el año 2012 con un
crecimiento cercano a 4%, superior al promedio de 3.1% que alcanzó América
Latina según estimaciones de la CEPAL.
Desde el gobierno reiteramos
hoy nuestro propósito de trabajar sin descanso para que la economía siga
creciendo, y también para garantizar que sus frutos se distribuyan
equitativamente.
Es importante resaltar que
prácticamente todas las economías del mundo vieron enfriarse su crecimiento en
2012, incluyendo China y la India, que parecían invulnerables. Afortunadamente
las últimas noticias provenientes de los EUA, Europa y Asia apuntan hacia
cierto mejoramiento durante el 2013.
Varios sectores tuvieron en
2012 un desempeño positivo, destacando la minería que creció 42%. Energía
y agua, que aumentó 7.7%. Intermediación financiera con 7.3%. Salud, con 5.9%.
Enseñanza con 4.5%. La agropecuaria, con un incremento de 4.1%. El comercio con
4%. Transporte 3.4%. Y hoteles, bares y restaurantes, que creció lo mismo que
el sector comunicaciones, 3.2%.
Fruto de ese desempeño, el PIB
per cápita de la República Dominicana alcanzó un nivel de 5 mil 762 dólares y,
así, el producto total dominicano, es el más alto de la región de
Centroamérica.
La inflación fue de 3.9%, la
más baja de los últimos veinte años y, aunque en 2013 subirá algo como efecto
inmediato de los ajustes impositivos que fueron aprobados, se espera que no
supere el 5%, por el firme compromiso de la actual gestión con el mantenimiento
de la estabilidad macroeconómica.
Como una forma de estimular la
economía, y considerando la baja tasa de inflación, la autoridad monetaria
viene aplicando, cuidadosamente, una política de reducción de las tasas de
interés de referencia, influyendo sobre las tasas bancarias y fomentando así la
reactivación del crédito al sector privado, a partir del segundo semestre del
año pasado.
En efecto, entre los meses de
agosto y diciembre de 2012, los préstamos al sector privado, tanto en moneda
nacional como en moneda extranjera, aumentaron en casi 31 mil millones de
pesos, revertiéndose la tendencia a la baja que se había observado durante la
primera parte del año anterior.
Pese al lento crecimiento
económico de la UE y los Estados Unidos, las exportaciones dominicanas lograron
crecer durante 2012, superando los 9 mil millones de dólares que, si bien no es
suficiente para corregir el déficit externo, constituye el mayor nivel en la
historia dominicana.
Es importante destacar el
repunte que están experimentando las Zonas Francas, que reportaron
exportaciones cercanas a los 5 mil millones de dólares, mostrando la clara
recuperación, fruto de una mayor diversificación del sector.
Las remesas, sin embargo,
sufrieron una leve reducción de 1.3%, debido, fundamentalmente, a la situación
de desempleo que registran los países europeos donde residen muchos
dominicanos, como es el caso de España.
A pesar de ello, los recursos
recibidos de los dominicanos en el exterior ascendieron a 3 mil 158 millones de
dólares en 2012.
Desde hace algún tiempo, el
sector financiero se mantiene fuerte y en crecimiento, pues se adoptaron las
decisiones para fortalecer la regulación y vigilancia, de modo que hoy exhibe
altos niveles de capitalización, estabilidad, solidez y solvencia.
Sus activos totales se
incrementaron en 9.1 % en 2012. Sus clientes registran niveles de morosidad o
atrasos de apenas 3.4% y la solvencia consolidada de todos los intermediarios
financieros es de 18.2%, muy superior al 10% que exigen los estándares
internacionales.
El gobierno ha mostrado desde
el primer día su actitud responsable en el manejo macroeconómico y aplicó a
partir de agosto una política de control y racionalización del gasto, que
permitió que de septiembre en adelante las erogaciones se redujeran casi la mitad
con respecto al nivel que mantenían en los meses previos.
La nueva administración ha
emprendido una lucha frontal contra el déficit presupuestario, para alejar el
fantasma de la inestabilidad macroeconómica.
La gestión financiera del
Estado Dominicano se está transformando, para que no siga siendo vista con
recelo por los organizaciones internacionales y por nuestros propios
ciudadanos. Es preciso someter a las instituciones públicas a un proceso de
reingeniería para que desarrollen la capacidad necesaria para impulsar esta
visión. Tenemos que cambiar los hábitos y actitudes entre nuestra burocracia, y
yo estoy vigilando para que así se haga.
Señoras y señores
Nuestro gobierno tiene un
firme compromiso con el principio de la seguridad jurídica para la inversión.
Soy un fiel creyente en la sana inversión extranjera para estimular el
crecimiento del ingreso, el empleo, la reducción de la pobreza y la generación
de divisas, en economías emergentes como la nuestra.
En este contexto, quiero ahora
referirme a un tema que desde hace meses se viene debatiendo en el país, y
sobre el cual un número creciente de sectores, grupos, y líderes de la sociedad
dominicana han estado reclamando una definición del Gobierno. Me refiero, al
contrato entre el Estado dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo.
La inversión extranjera que se
ha producido en el Proyecto Barrick Pueblo Viejo es la de mayor envergadura que
ha tenido lugar en el país en toda la historia.
Se estima que la inversión
realizada alcanza más de 3 mil millones de dólares, monto que deberá ser
validado por la auditoría que el Estado dominicano contrató con la SGS de
Suiza.
Estoy convencido de que la
Barrick es una empresa seria, comprometida con una minería responsable, y
cumplidora de las normas y mejores prácticas para proteger nuestro medio
ambiente.
Dicho lo anterior, paso a
referirme a un aspecto que consideramos merece atención especial, tanto por
parte del Gobierno como de la empresa Barrick Pueblo Viejo: los beneficios
fiscales que genera el proyecto y la nueva situación que se ha presentado,
luego de que los precios del oro en el mercado de Londres hayan registrado
niveles de entre mil 600 y mil 900 dólares la onza en los últimos años, como
consecuencia de la fuerte expansión de la liquidez mundial y la incertidumbre
provocada por el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008.
El 25 de marzo de 2002, fecha
en que se aprobó el Contrato para la explotación del oro entre el Estado
dominicano y la empresa Placer Dome, el precio del oro en el mercado de Londres
cerró en 298 dólares la onza.
Ese contrato fue adquirido por
Barrick Gold cuando el 19 de enero del 2006 esta empresa compró las acciones de
Placer Dome. El día de la compra de las acciones, el precio del oro cerró en
555 dólares la onza.
El 27 de septiembre del 2007,
Barrick Gold solicitó, a través de carta dirigida a la Ministerio de Industria
y Comercio, la flexibilización de los aspectos fiscales del contrato que el
Gobierno había acordado con Placer Dome. Ese día el precio del oro cerró en 732
dólares la onza.
A pesar de que el Gobierno
dominicano podía aferrarse a lo establecido en el Contrato original con Placer
Dome, mostrando una actitud de apertura y flexibilidad, aceptó sentarse en la
mesa de negociación con la empresa Barrick Gold, para revisar los aspectos
fiscales del Contrato que esta había adquirido.
El 11 de noviembre de 2009, la
Cámara de Diputados aprobó la enmienda al contrato con Placer Dome, en el cual
se establecieron modificaciones al régimen fiscal del contrato.
Como acertadamente sentenció
el Presidente Barack Obama en su discurso inaugural el pasado 21 de enero,
“cuando los tiempos cambian, nosotros también debemos cambiar”. Y nadie,
absolutamente nadie, puede negar que luego de la crisis financiera de 2008, los
tiempos de hoy son muy diferentes a los de principios de la década.
El hecho de que el precio del
oro sea actualmente casi 6 veces más alto que el de marzo del 2002, es un
reflejo de la magnitud del cambio.
Fue eso lo que nos motivó,
desde que asumimos la Presidencia de la República el pasado 16 de agosto del
2012, a designar una Comisión Oficial de Alto Nivel, bajo la coordinación del
Ministro de la Presidencia, con el mandato de iniciar conversaciones con los
ejecutivos de la empresa Barrick Pueblo Viejo.
El objetivo de la comisión es
acordar modificaciones al esquema fiscal establecido en el contrato, dado el
cambio dramático que ha tenido lugar en el precio del oro en el mercado de
Londres.
Decenas de reuniones han
tenido lugar en los últimos seis meses, sin que a la fecha se haya logrado
convencer a la empresa sobre la necesidad y la urgencia de hacer las
correcciones necesarias al esquema actual de distribución de los ingresos,
entre la empresa y el Estado dominicano, derivada de la explotación del oro.
A lo sumo, lo único que la
empresa ha ofrecido es la posibilidad de adelantar el pago de impuestos
futuros, lo que implicaría que el Gobierno actual estaría apropiándose de
recursos que le corresponderían a las próximas administraciones.
Que no le quepa duda a nadie.
Para quien les habla, una operación como la planteada por los ejecutivos de
Barrick Pueblo Viejo no encaja dentro de los principios éticos y morales sobre
los que se fundamenta nuestra administración.
Bajo el esquema fiscal establecido
en la más reciente versión del contrato para la explotación de oro en Pueblo
Viejo, con un precio promedio de mil 700 dólares la onza de oro y 28 dólares la
onza de plata, la empresa Barrick Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de
costos operativos por 2 mil 600 millones de dólares en los dos primeros años de
producción, asumiendo exportaciones de 1 millón de onzas de oro y poco
más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando
el monto total invertido en poco más de dos años.
Nunca antes, en la historia de
la humanidad, se ha verificado un caso en el cual una empresa minera haya
podido recuperar su inversión en tan poco tiempo, mientras el Estado del país
receptor de la inversión estaría recibiendo migajas durante esos primeros años.
De los mil 753 millones de
dólares de ingresos anuales de exportación, el Gobierno dominicano apenas
recibiría 56 millones de dólares.
En otras palabras, durante los
primeros años, de cada 100 dólares de ingresos de la exportación de oro y otros
metales, la Barrick recibiría
97 dólares y el pueblo
dominicano tres.
Dominicanas y
dominicanos.
¡Eso es sencillamente
INACEPTABLE!
Estoy consciente que ni el
Gobierno ni Barrick Pueblo Viejo tienen la culpa de este resultado. La verdad
es que ninguno de los dos previeron, y quizás no podían prever, lo que iba a
suceder con el precio del oro luego de la crisis financiera global que estalló
en septiembre del 2008.
Pero la realidad es que la
situación cambió. Que las circunstancias ahora son muy diferentes. Y si por
mutuo acuerdo no modificamos los términos fiscales del contrato durante los
primeros años, la Barrick se quedaría prácticamente con todo y el pueblo
dominicano con nada.
Dominicanos y
dominicanas,
Yo, Danilo Medina, les aseguro
que eso no sucederá.
Quiero hacer hoy un último
llamado a los ejecutivos de la Barrick Pueblo Viejo para que accedan a revisar
los aspectos fiscales del contrato, pues el esquema actual de distribución de
ingresos, luego del alza en los precios del oro en el mercado mundial, es
inaceptable.
Hasta ahora hemos sido
pacientes. Pero la paciencia tiene un límite. Y más para un gobierno que está a
diario en la calle y ve dibujadas en el rostro de nuestra gente las urgencias
de una mayor inversión de recursos, que le permitan mejorar sus condiciones de
vida.
Si la empresa Barrick Pueblo
Viejo mantiene la posición intransigente que ha exhibido hasta ahora, el
gobierno no se puede quedar de brazos cruzados.
Pasado un plazo prudente,
someteremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que establecerá un Impuesto
sobre los Ingresos Inesperados de las empresas exportadoras de minerales, el
cual gravará, con una tasa justa, el excedente entre el valor de las exportaciones
de minerales a los precios en el momento en que se realicen las mismas y el
precio de referencia para cada uno de los minerales.
Ese precio se fijará en
función de los precios vigentes en los tiempos en que los contratos originales
fueron adquiridos u otorgados a las actuales empresas dedicadas a la
explotación de minerales. El impuesto sobre los ingresos inesperados liquidado
operaría como un crédito para el pago del impuesto de participación sobre las
utilidades netas (PUN) de 28.75%.
Los ingresos que se obtengan
de este impuesto serán destinados a la inversión social y al combate de la
pobreza.
Estoy seguro que esta
iniciativa recibirá el apoyo mayoritario y expedito de los legisladores de
todos nuestros partidos políticos presentes en esta Asamblea
Nacional.
Sé que algunas empresas
argumentarán que sus contratos contienen cláusulas de estabilidad fiscal
durante la vigencia de los mismos que impiden la creación de nuevos impuestos
que las afecten.
Mi respuesta a esa
argumentación es la siguiente. Primero, la introducción del nuevo impuesto no
reducirá el valor del contrato original adquirido u otorgado a la empresa. Lo
que el nuevo impuesto haría sería distribuir el aumento en el valor del
contrato, generado por el alza inesperada de los precios, asignándole un
porcentaje justo del incremento al pueblo dominicano y el resto a la empresa.
Segundo, al igual que sucede
en los países desarrollados que rechazan las solicitudes de cláusulas de
estabilidad fiscal, en nuestro caso las decisiones que hayan tomado los Poderes
Legislativos en el 2002 y el 2009, no pueden atar de manos al actual ni a los
futuros Congresos que elija el pueblo dominicano, pues esto violaría los
derechos de soberanía.
No es por casualidad que
Estados Unidos, Canadá e Inglaterra no permiten la inclusión de este tipo de
cláusulas en los contratos de explotación petrolera y minera.
Y tercero, el contrato inicial
con Placer Dome contenía cláusulas de estabilidad fiscal similares y el
Gobierno, a solicitud de la Barrick Gold, accedió a sentarse en la mesa de
negociaciones para modificarlo a favor de la empresa.
Ahora, que los elevados
precios favorecerían de manera exagerada y exclusiva a la empresa en los
primeros años, corresponde a la empresa aceptar la invitación del Gobierno para
que, por mutuo acuerdo, modifiquemos la distribución de los ingresos que
generará la explotación del oro de Pueblo Viejo.
Las modificaciones de los
esquemas fiscales acordados con las empresas petroleras y de minerales han sido
la regla y no la excepción en el mundo minero, a raíz de los aumentos
inesperados de precios que han tenido lugar en los últimos años.
Lo que el Gobierno dominicano
está requiriendo, no es algo muy diferente a los cambios fiscales ejecutados
en: Argelia en 2006, en Argentina en 2002, 2004 y 2006, en Australia en 2008,
en Bolivia en 2005, 2006 y 2007, en Canadá en 2007, en China en 2006, en
Ecuador en 2006, 2007 y 2008, en India en 2008, en Inglaterra en 2002 y
2005, en Italia en 2008, en Kazajistán en 2008, en Mongolia en 2006, en Nigeria
en 2008, en Papúa Nueva Guinea en 2008, en Rusia en 2002 y 2003, en Estados
Unidos en 2005, 2006 y 2007, en Venezuela del 2002 al 2008, en Vietnam en
2008, y en Zambia en el 2008.
No somos, por tanto, los
únicos que estamos reclamando una mayor justicia distributiva de los beneficios
generados por la explotación de los recursos no renovables.
Señoras y señores;
Quiero que me escuchen bien:
El oro que subyace en el suelo de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y
Luperon, es del pueblo dominicano.
¡De nadie más!
Y sólo podrá ser extraído,
procesado y exportado, si las condiciones de distribución de los ingresos
generados por la explotación de este recurso no renovable, son justas y
favorables para las dominicanas y los dominicanos. Y en los actuales momentos
no lo son.
De todas formas, les repito,
el Gobierno favorecerá el mantenimiento del mejor clima para la inversión
nacional y extranjera.
Distinguidos Legisladores
Estamos probando, con los
hechos, que las políticas económicas y sociales pueden y deben caminar de la
mano y en armonía. Les dije muchas veces que la mejor política económica es el
combate a la pobreza. Que la protección social no está reñida con la eficiencia
y la responsabilidad fiscal. Y estamos dando muestra de que es posible
encontrar ese equilibrio.
Paso a paso, vamos sentando
las bases para un nuevo modelo de desarrollo, centrado en mejorar la calidad de
vida de las personas, familias y comunidades, para alcanzar un crecimiento más
estable y más justo.
Es cierto que el camino del
desarrollo es largo, y a veces difícil de transitar, pero estén seguros de que
en nuestra gestión se crearán las condiciones para avanzar con pasos
firmes.
A todo el pueblo dominicano le
digo:
Tengan confianza. Tengan
esperanza y optimismo, porque estamos cada vez más cerca de nuestros
sueños.
En estos 6 meses hemos
trabajado como prometimos, con el oído en corazón del pueblo, con el mejor
espíritu de servicio y siempre desde el amor a nuestra patria.
Señoras y señores,
Les dije durante la campaña
que cada maestro tiene su librito. Es decir, que establecería mi propio estilo
de gobierno y que renovaría la política dominicana.
Los que me conocen bien saben
que yo prefiero hablar con hechos, más que con palabras. Y así es como quiero
hacerle llegar a la gente mi sincero compromiso con el mandato presidencial que
me otorgaron.
Así, con acciones y predicando
con el ejemplo, hemos mostrado nuestra voluntad de liderar un gobierno
responsable, coherente y comprometido con el comportamiento ético y el respeto
a la ley.
Hemos establecido también un
rumbo claro y una voluntad férrea de cumplir con lo escrito en nuestro programa
de gobierno.
Hemos dado prueba de nuestra
vocación de servicio y de nuestro compromiso con las demandas del
pueblo.
Hemos reafirmado nuestra
vocación de ser un gobierno de unidad, defensor de la democracia y que trabaja
para todos por igual.
Y con ese ejemplo queremos
seguir entusiasmando a todo el país.
Dominicanos y
dominicanas,
Sé, porque lo siento en las
calles y en las comunidades que visito, que una nueva esperanza está creciendo
en nuestro pueblo.
Es una luz que se ha encendido
en nuestros corazones y que nos dice que “hacer lo que nunca se ha hecho” no es
solo una frase.
Es, cada día más, una realidad
que se está abriendo paso, a través de las dificultades y de los obstáculos,
para mostrarnos que se puede hacer política de otra forma, que se puede
transformar un país, que se puede soñar y hacer realidad esos
sueños.
Nace un nuevo país, que sabe
que es posible, hacer una revolución pacífica y democrática. Que es posible,
revolucionar la calidad de nuestra educación. Que es posible, revolucionar
nuestra producción energética, nuestra agricultura, nuestra industria y nuestro
turismo.
Sabemos que el camino es
largo, que no serán pocas las batallas que tengamos que librar. Pero les digo:
también las libraron nuestros héroes y libertadores. También sufrieron y
esperaron, pero nunca se apartaron de su rumbo.
Podemos y debemos ser optimistas,
esforzarnos cada día por superar las dificultades y aprovechar las
oportunidades.
Cuento con todos los
dominicanos y dominicanas de buena voluntad para seguir conquistando nuevas
metas de equidad, prosperidad, paz, libertad y felicidad para nuestro país.
Cuento con su energía, su
motivación, su talento y su deseo de superación para mantener viva la llama de
Duarte y el amor a nuestra Patria.
Agradezco a Dios todopoderoso
la oportunidad de servir a mi país
y a nuestros ciudadanos.
Cuenten ustedes con nuestra
voluntad y entrega para servir a esta tierra que es patrimonio de todos.
Que Dios les bendiga a todos.
¡Manos a la obra!
